Luis Quintanilla Alarcón, Presidente del Dispensario Nacional, primera asociación de usuarios medicinales de cannabis, estuvo en prisión preventiva injustamente. Después de que llamaran la sede en Providencia y decomisaran plantas y equipamiento, Luis Quintanilla fue víctima, una vez más, de una equivocada aplicación de la ley 20.000.
La Fiscalía sostuvo que Luis llevaba a cabo un cultivo de cannabis sin autorización, debido a la falta de un permiso otorgado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para el cultivo y la plantación. Por otro lado, su defensa argumentó que la medida cautelar es ilegal, dado que no existe dicho certificado y que no se otorga ni para uso personal ni colectivo. Esto confirmado y comunicado por el mismo SAG al entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
Nunca está de más recalcarlo. La ley 20.000 busca perseguir el tráfico, y aun cuando hoy la ley permite el uso medicinal, todavía casos como el de Luis Quintanilla nos recuerdan que falta mucho por avanzar.
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